EFOS & EDOS: ¿Cómo saber si tu empresa está involucrada?

El requerimiento llegó un martes, por buzón, con el nombre de un proveedor al que le compraste hace tres años. En su momento te dio factura, te hizo transferencia de vuelta “por si acaso” y desapareció. Hoy el SAT lo tiene en la lista negra del 69-B. Tú no compraste un “esquema”. Compraste un problema con fecha de vencimiento.

Esa sorpresa es el diseño del artículo 69-B: la autoridad publica presuntos, espera, y años después te pide que demuestres que la operación fue real —o que te autocorrija. Mientras tanto, tus deducciones y tu acreditamiento de IVA están en la cuerda floja.

¿Necesitas comprar facturas para pagar menos impuestos? Nunca debe ser una opción

Lo diremos sin eufemismos: comprar facturas no es estrategia fiscal. Es una trampa financiera. El que te las vende te cobra un porcentaje “barato” hoy; el SAT te cobra el impuesto, la inflación, los recargos y la multa cuando ya no hay de dónde sacar. No hay planeación en eso. Hay un pasivo escondido.

La bola de nieve, si el SAT te corre el 69-B o te obliga a autocorregirte, se ve así:

• El impuesto que siempre debiste: ISR e IVA del importe simulado. Eso no se “condona” por haber pagado una factura de papel.
• Actualización por inflación (art. 17-A del CFF): el histórico se multiplica por el factor de INPC. El tiempo trabaja en contra.
• Recargos por mora (art. 21 del CFF): cada mes o fracción suma tasa. En 2026 la mora es 2.07% mensual.
• Multas de fondo: en omisión de contribuciones el CFF prevé sanciones que pueden ir del 55% al 75% de lo no pagado (art. 76), más infracciones formales (arts. 82 y 83) si hay declaraciones o CFDI irregulares.

Eso es lo que “ahorraste”. La verdadera optimización es legal: régimen correcto, deducciones con materialidad, y timing de pagos. Si quieres ver cómo se infla un adeudo viejo, usa la calculadora de recargos y actualización del SAT.

“Una factura comprada no baja tu ISR. Lo aplaza, le pone recargos y te deja sin sello el día que más lo necesitas.”

EFOS, EDOS, presuntos y definitivos

El 69-B persigue operaciones inexistentes. En el lenguaje del gremio:

• EFOS (empresas que facturan operaciones simuladas): emiten CFDI sin infraestructura, personal ni activos reales. Venden papel.
• EDOS (empresas que deducen operaciones simuladas): son quienes usan esas facturas para restar ISR o acreditar IVA. El SAT te puede tratar como EDOS aunque “tú no sabías”.
• Presunto: el SAT ya te (o a tu proveedor) publicó con esa sospecha. Tienes un plazo para desvirtuar o autocorregirte.
• Definitivo: se agotó el procedimiento y quedó en la lista. Las consecuencias se endurecen: rechazo de efectos fiscales y, muy seguido, restricción de CSD.

Qué te quitan en la operación (y el sello)

El golpe no es solo “una multa en PDF”. El SAT desconoce la deducción y el IVA de esos CFDI. Tu utilidad sube, tu impuesto a cargo sube, y el flujo se va. En paralelo, el 69-B es uno de los supuestos clásicos para restringir el CSD (art. 17-H Bis). Dejas de facturar el mismo mes en que más necesitas cobrar.

Si el SAT ya restringió la facturación de tu negocio por este motivo, revisa nuestra guía sobre ¡Solución! ¿El SAT te bloqueó los sellos para facturar?.

Materialidad: lo único que defiende una deducción real

Una operación real se demuestra. El XML solo prueba que alguien timbró. El SAT quiere traza de que existió el bien o el servicio:

• Contratos, cotizaciones y órdenes de compra con objeto, precio y plazos claros.
• Entregables: reportes, fotografías de obra o mercancía, bitácoras, correos de coordinación, pases de acceso.
• Pagos: transferencias que cuadren con el CFDI (evitar el efectivo “porque así salía más barato”).
• Infraestructura del proveedor: domicilio, personal, activos. Si no hay nadie detrás de la factura, el SAT ya ganó.

Cómo lo resolvemos en RDC Contadores

Hacemos auditoría de proveedores contra la lista 69-B, te decimos con claridad si hay exposición y armamos la defensa documental (o la autocorrección, si esa es la vía menos cara). La otra mitad del trabajo es estrategia fiscal legal: dejar de perseguir “ahorros” de papel y diseñar un régimen y un expediente que sí aguanten una revisión.